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Discriminación
En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dio a conocer el caso de Cirila Baltazar Cruz, indígena originaria del sureño estado de Oaxaca y hablante de chatino, a la que ha decidido defender.Aseguró que el pasado 13 de mayo una corte estatal en Mississippi retiró a Baltazar la custodia sobre su hija -considerada ciudadana de Estados Unidos por haber nacido en ese país- y se la concedió, en primera instancia, a una pareja estadounidense.Según la SRE, esto se hizo "bajo los argumentos de que la madre mexicana no habla inglés, carece de medios económicos y se encuentra en Estados Unidos de manera indocumentada".El caso es seguido por el Consulado de México en Nueva Orleans que, en alianza con organizaciones civiles, ha realizado gestiones desde febrero pasado, cuando Baltazar solicitó protección.La fuente indicó que desde finales de mayo la mexicana cuenta con un abogado, quien interpuso un recurso de apelación para revertir el fallo judicial.Clara discriminación"El Gobierno de México considera éste como un caso de clara discriminación y violación a los derechos humanos más elementales de una ciudadana mexicana", indicó la Cancillería, al asegurar que utilizará "todos los recursos legales a su alcance, en todas las instancias posibles", para defender los derechos de Cirila Baltazar.Además, la SRE sostuvo que varios consulados de México de manera proactiva tratan de ubicar casos similares a raíz de versiones procedentes de organizaciones de la sociedad civil ubicadas en su circunscripción, pero afirmó que "el único caso documentado, hasta el momento, es el de la señora Baltazar Cruz".En Estados Unidos viven unos doce millones de mexicanos, de los que la mitad son indocumentados.La SRE aseguró que la cónsul en Nueva Orleans y las autoridades del estado de Mississippi firmaron un Memorándum de Entendimiento que permitirá asegurar que la legación mexicana "esté oportuna y debidamente informada sobre los casos en los que se encuentren involucrados menores mexicanos".La Cancillería pidió a las organizaciones y a la sociedad civil en general que reside en Estados Unidos o en México que notifiquen al Consulado correspondiente cualquier caso de este tipo del que tengan conocimiento.